Aunque la impunidad bordea el delito de lesa humanidad
Por María Esther Mogollón*
Las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas por diversas mujeres y
organizaciones en estos años en el Perú, cobran especial significado en los esfuerzos de un
grupo de doce campesinas quechua hablantes de Anta. El mismo es un hecho emblemático
que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que fueron
víctimas, no sólo ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas. Como
se recuerda estas esterilizaciones forzadas fueron perpetradas durante 1996-2000, durante el
gobierno de Alberto Fujimori.
Después de investigaciones y acusaciones negadas, el hecho volvió a cobrar relevancia
debido a que en junio 2003, la Comisión de Derechos humanos del Congreso formuló ante la
Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura,
debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las
esterilizaciones forzadas. Previamente en enero de este año (2003) en el Congreso de la
República una Sub Comisión Especial, creada para revisar la Acusación Constitucional contra
Fujimori, dirigida por el Congresista del APRA Luis Gonzáles Posada y Luis Ibérico del FIM,
en tiempo récord y sin atender mayores evidencias, ni las denuncias de las víctimas,
desestimó la acusación Constitucional por genocidio contra Alberto Fujimori y dos de sus ex
ministros de Salud. Sólo quedaba la acusación penal contra otros implicados, que eran
funcionarios de la dictadura, pero los "peces gordos", estarían celebrando la impunidad.
Este crimen de lesa humanidad y las investigaciones referentes a ella, se dan en un marco de
enturbamiento debido a que los conservadores, como congresistas y el ex Ministro de Salud,
Fernando Carbone, usando el delito de esterilizaciones forzadas, intentan eliminar los
derechos sexuales y reproductivos de las personas y de otro lado, los rezagos del fujimorismo y
sus cómplices, hacen lo posible para quedar libres de culpa. Las víctimas son dejadas de lado
en esta discusión.
Antecedentes
La política de planificación familiar implementada desde 1996-2000 durante el gobierno del
dictador Alberto Fujimori fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de
derechos humanos de las mujeres, demostrando el desprecio por la vida de quien dirigió los
destinos del país .
En democracia, el Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las
esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados
profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta, Cusco, Hilaria Supa. Los resultados se
dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación de derechos que
enfatizaban en testimonios y las irregularidades en el Consentimiento Informado. El gobierno
de Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud Fernando Carbone, (2001-2003) pidió
disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones
forzadas.
Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y
declaraciones de ex-autoridades fujimoristas, a lo que se sumaron ambigüedades de parte de
varias ONGs de mujeres que si bien denunciaron algunos hechos en 1996-1998
posteriormente se silenciaron.
El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la Sub
Comisión de Salud, dirigida por el Congresista conservador, Dr. Héctor Chávez Chuchón. Esta
Comisión determinó la acusación Constitucional sobre Genocidio contra el expresidente
Fujimori, -quien huyó del país y se encuentra en Japón bajo el paraguas de su "nacionalidad
japonesa"- y otros funcionarios. Chávez Chuchón, recomendó a la vez e injustamente, eliminar
el acceso a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)
Las esperanzas de justicia frente a la impunidad
Las investigaciones están hoy, en la Fiscalía de la República y avanzan lentamente, aducen
falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son
claras. Lo más preocupante es que centrado el debate por un lado en la negación del delito, la
ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del opus
dei; las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de
la impunidad.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil. A 16 mil hombres, se les practicó
la vasectomía. La magnitud de las irregularidades no se ha precisado, pueden ser esas mismas
300 mil o menos. He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia. Las
consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres
esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en el
Perú.
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconocó ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación de los derechos humanos
en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita
Mestanza, mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998, como consecuencia de
complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de
Alberto Fujimori. El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia
peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas,
CRLP (sede Nueva York), CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH y el Centro para la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso se fundamentó en las investigaciones de
Giulia Tamayo y su Reporte Nada Personal, sobre las AQV. Finalmente el 26 de agosto de
2003, el gobierno peruano ha cumplido con la entrega de la indemnización consistente en US$
109,000 a la familia de Mamérita. Falta aún lo relacionado a la mejora de los Programas de
Salud Reproductiva, en especial lo relativo a las AQV.
Entre las pocas organizaciones peruanas que acompañan actualmente a las campesinas de
Anta, se encuentra el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM Fundacional),
ellas han referido que esta solución amistosa, es una buena noticia para quienes luchan contra
la impunidad en torno a esta injusta política de población aplicada. Señalan que continuarán su
accionar a favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, exigiendo
toda la verdad sobre lo acontecido para lo cual hacen monitoreo a las investigaciones y
capacitación en derechos sexuales y reproductivos.
La solución al caso de Mamérita Mestanza, abre las posibilidades a las investigaciones y a la
justicia que esperan las mujeres a las que les fueron violados sus derechos, en especial a
quienes han venido denunciando lo que les pasó, aun a costa de amenazas, burlas, negación y
silencios cómplices, no sólo de funcionarios del gobierno fujimorista sino de instituciones
nacionales y financieras internacionales que se empeñan en negar sus responsabilidades.
Las activistas de derechos humanos, que desean la verdad y justicia sobre todo lo sucedido,
frente al asomo de impunidad y a la lentitud de la justicia peruana, expresan que su lucha se
apoya en saber que este crimen de lesa humanidad no caduca.
*Périodista, feminista. Activista del MAM FUNDACIONAL.
