El Gobierno peruano advierte que pondrá orden tras el llamado a la insurgencia de los indígenas

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Imprimir Lima, 15 may (EFE).- El primer ministro de Perú, Yehude Simon, advirtió hoy de que el Estado adoptará las medidas necesarias para imponer el orden, tras el llamado a la insurgencia de la mayor asociación indígena amazónica, que protagoniza desde el 9 de abril protestas en las regiones selváticas contra varios decretos. Seguir leyendo el arículo
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El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, anunció en una rueda de prensa que se declara "a los pueblos (amazónicos) en insurgencia contra el Gobierno de Alan García", tras dar por roto el diálogo iniciado con el Ejecutivo el miércoles pasado.

El primer ministro consideró que la medida de los indígenas "no le hace daño al Gobierno ni al país, porque la Constitución prevé estos casos y hay que tomar las medidas que corresponden para poner orden", según citó la agencia oficial Andina.

Simon aseguró, desde la ciudad selvática de Tocache, que Pizango está buscando un "derramamiento de sangre" y "está poniendo en la guillotina a cientos de miles de nativos que quieren paz".

"Hasta el momento, el Estado ha actuado con mucha prudencia, sobre todo se ha agotado el diálogo, porque además hay que entender que el Ejecutivo no ha pateado el tablero", señaló el jefe del gabinete, quien advirtió que si ocurren hechos de violencia los responsables serán "el señor Pizango y los que estén detrás".

Por su lado, el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, manifestó a Andina que Pizango incurriría en el delito de rebelión contra el Estado peruano, una pena que se castiga con hasta 20 años de prisión, si logra que las comunidades se subleven.

Para el líder de Aidesep, el llamado a la insurgencia significa "desobedecer al Presidente", hacer obligatorias las leyes ancestrales en los territorios amazónicos y considerar como una agresión "a cualquier fuerza externa que pretenda ingresar" en esos territorios.

Esta medida de fuerza se justifica, según Pizango, porque el Ejecutivo arguye que es el Congreso, y no el Gobierno, el que debe derogar varios decretos que los indígenas consideran lesivos para sus intereses.

Aidesep y otras organizaciones han protagonizado en las últimas semanas diversas acciones de bloqueo de carreteras, ríos y hasta de aeropuertos provinciales, así como las operaciones de petroleras y energéticas, que han requerido la intervención de la policía o de la Marina de Guerra.

El Gobierno se niega a dar a los indígenas poder de decisión en la concesión de licencias para explorar y explotar petróleo y gas, con el argumento de que el subsuelo es propiedad del Estado y de todos los peruanos, y no de las comunidades que allí viven.

Según los medios peruanos, las regiones amazónicas más remotas están sufriendo serios problemas de desabastecimiento debido a las movilizaciones, lo que está haciendo aumentar los precios de los alimentos y productos de primera necesidad.

Desde el pasado 9 de mayo, rige el estado de emergencia en varias localidades amazónicas de cuatro departamentos del este del país, una medida que también los indígenas piden que se levante.